Por Luis Rodríguez Calles

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La participación ciudadana, como proceso propio del flujo continuo de creación social, de espacio, de tiempo y por tanto de realidad, ha estado históricamente excluida del marco institucional formal en virtud de los diferentes regímenes políticos autoritarios, jerarquizados y elitistas de Occidente hasta el S.XIX. El concepto de ciudadanía aún no había nacido, mucho menos su habilitación como tal en el conjunto de la sociedad civil. Con la extensión de los modelos de democracia parlamentaria, importados de la experiencia anglosajona de ambos lados del atlántico y de los ilustrados franceses durante el S.XIX y XX, acaso aparece el concepto de ciudadanía como una representación del intento del hombre por ser dueño de su devenir en tanto que individuo organizado en colectividad. Por primera vez podíamos hablar, en términos modernos, de ciudadanos participando en política en su sentido más amplio: la res publica.

Dando por conocida la historia política de los países de nuestro entorno, se podría llegar a la conclusión de que la forma institucionalizada de participación ciudadana que se ha impuesto durante el último siglo se restringe a la deposición de un voto en una caja cada 3 ó 4 años. El llamamiento general a movilizar esfuerzos materiales e intelectuales para que seamos responsables de las decisiones políticas se ha limitado casi por completo a una efeméride cada tantos años, quedando el ciudadano en estado de reposo en los periodos entre urna y urna. Si bien constituyó un avance, resultaba insuficiente. Es más, se podría decir también que este estado de reposo ha podido ser deseable en según qué momentos de la historia, lo que nos deja en posición de afirmar que la cuestión de la participación ha sido típicamente una lucha dialéctica entre la actitud reaccionaria del establishment de turno, y la voluntad de cambio de una sociedad civil más o menos organizada. Salvo honrosas excepciones. Este impulso de cambio ha sido reprimido y luego satisfecho en una intensidad variable pero cíclica, periódica, y no pacífica: los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales han sido conquistados con sangre. La defensa del statu quo y el orden vigente, defendido con la muerte.

En general los procesos de participación ciudadana, o mejor dicho, la organización de la sociedad civil en un marco formal o informal en torno a objetivos comunes, ha sido relacionada con esos procesos de cambio. No obstante, el grado en el que esa participación ha ido penetrando en el conjunto de instituciones, democratizando los procesos de elaboración de políticas públicas y profundizando en una toma de decisiones común y extensiva, ha sido variable geográfica y temporalmente. Existen numerosas experiencias dentro de un abanico entre valiosas decisiones corresponsabilizadas y los ejemplos más recalcitrantes de turbios mandatos políticos. Dado que la historia está en los libros, nos limitaremos aquí a tomar algunas de ellas como referencia para ilustrar nuestro argumento. No sin antes recordar, como se deduce de lo expuesto hasta ahora, que:

– La democracia parlamentaria no ha sido sinónimo de participación ciudadana asegurada.

– La participación ciudadana no se ha restringido al marco de acción formal de una democracia parlamentaria.

– La dirección de la movilización ha sido de abajo a arriba, es decir, la iniciativa participativa ciudadana ha surgido típicamente desde la sociedad civil y dirigida a influir en las instituciones, y no al revés.

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Tomando como válido el modelo de los ciclos de participación/compromiso ciudadano, no es descabellado pensar que en los últimos años nos encontramos en un momento de movilización elevada. La revista Time llevaba a portada la figura de “El Manifestante” como “personaje del año” en 2011, en buena parte debido a las experiencias de Occupy Wall Street, la primavera árabe, las manifestaciones en China, y los movimientos ciudadanos de Madrid, Atenas y Moscú. Vivimos tiempos de desafección política, desconfianza en las instituciones y preocupación por la transparencia y la gestión de lo público. Seguramente propiciada por la crisis económica y ciertamente azuzada por la extensión de las tecnologías de la información, la opinión pública es más consciente que nunca de su papel comunicativo y decisivo en la gobernanza mundial. Una sociedad civil organizada es necesaria para la salud democrática pero no una garantía. Eso sí, el control y supervisión que ejerce una ciudadanía movilizada e informada sirve de contrapeso para el poder político y lo obliga a una cuidadosa rendición de cuentas.

Si bien en periodos de movilización desactivada o débil la capacidad de influir de una ciudadanía descontenta se ha limitado al ejercicio del voto en periodo electoral, en tiempos de efervescencia ciudadana el poder que tiene “la fuerza del mejor argumento”, como diría Habermas, se ha deslizado hacia abajo ante la incapacidad de la institución de ofrecer respuestas. Entonces ¿en qué se traduce la irrupción ciudadana en los procesos políticos? En algunos casos han logrado penetrar en el marco institucional (nuevos partidos en Grecia y España) y en otros casos, que son la mayoría, han quedado excluidas de la esfera decisoria (negociaciones “secretas” del TTIP, gestión de la deuda, imposición de la política económica y fiscal, etc.). Por tanto preguntémonos mejor, ¿qué experiencias de participación ciudadana han resultado satisfactorias? y ¿en qué espejo podríamos mirarnos para entender lo que una ciudadanía participativa ofrece?

La canónica experiencia de Porto Alegre suele ser traída a colación para ejemplificar los “modos de hacer política desde abajo”, esto es, el de una ciudadanía activa integrada en la realpolitik. A finales de los 80, lo que luego sería el Partido de los trabajadores (PT) de Lula gana las elecciones autonómicas en Porto Alegre, una de las ciudades más importantes de Brasil. Entre sus promesas electorales se incluía la elaboración de presupuestos participativos para administrar parte de la hacienda pública de la metrópoli. El sistema del presupuesto participativo funcionó mediante una serie de reuniones en las que participaban el conjunto de asociaciones y ciudadanos en general y en ellas se trataba de definir, en resumen, las prioridades y demandas de la ciudad y cómo se iban a gestionar los fondos en base a lo recogido en esas reuniones y encuentros ciudadanos.

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La experiencia de Porto Alegre se ha replicado en multitud de ciudades del mundo, incluida Barcelona y más recientemente, y en clave experimental, algunos distritos de Madrid. Los detalles técnicos del funcionamiento del modelo han sido variables en su exportación a otros contextos, pero en general su puesta en marcha ha supuesto que los recursos se asignen a mejorar infraestructuras de saneamiento, electricidad y agua, comunicaciones, salud y vivienda. Todo ello traducido de las demandas obtenidas tras los foros, lo cual no significa que algunas de las políticas públicas que resultan de tal proceso no hubieran sido posibles sin el modelo de presupuesto participativo. Sin embargo sí da cuenta de una serie de tareas logradas exitosamente:

– Consigue transferir importantes volúmenes de gasto público hacia los sectores más desfavorecidos de la población con serios problemas estructurales. En este sentido, se subvierte parcialmente el poder del régimen económico monetario para transferir el control sobre la asignación de recursos hacia la ciudadanía.

– Consigue elevar la movilización y participación ciudadana, aunque sólo sea en el marco de los presupuestos participativos y luego quede desactivada. Pese a la reflexión impuesta por la corriente de pensamiento sociológico clásica, la densidad y vitalidad del asociacionismo civil puede verse sometida a rápidas y puntuales transformaciones.

– Consigue eliminar la incidencia de la corrupción en la gestión de lo público. El proceso está sometido continuamente al escrutinio de los ciudadanos que participan del mismo.

– Y quizás la cuestión más importante de todas: consigue generar un sentimiento de pertenencia comunitaria y un horizonte político del que ciudadano se siente parte.

Una de las necesidades inmateriales del individuo en sociedad es la necesidad de una identidad encajada en el mundo que lo rodea. Esta identidad se materializa en culturas que den un sentido a la vida personal del individuo y le permitan su realización como tal. Es la expresión última de la vida no material, espiritual, y que proporciona una forma de ser y una serie de valores y actitudes humanas. La pertenencia a una colectividad organizada en torno a objetivos comunes, los cuales pueden verse aunque sea parcialmente satisfechos, genera un sentimiento de bienestar personal y da coherencia a la experiencia vital. Por el contrario, cuando las expectativas de los individuos se ven frustradas por la permanente incapacidad de las instituciones para satisfacerlas, queda abonado el terreno para la corrupción y la violencia política. La desobediencia civil es legítima con frecuencia y resulta incluso necesaria para devolver humanidad a una legalidad represora.

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Todas estas son importantes razones para apostar por un modo de hacer política, empezando por el nivel local, que fomente la activa y efectiva participación ciudadana. De hecho, en algunos municipios de España se abre una posibilidad histórica en este sentido. Los autodenominados “gobiernos del cambio” han incorporado la participación ciudadana como parte de su ADN, dada la génesis ciudadana y confluente de estas corporaciones. En Madrid, concretamente en algunos distritos, se están abriendo nuevos procesos de participación de la ciudadanía en la gestión pública. Queda pendiente comprobar qué tal funcionan estos procesos con el difícil marco existente en la gobernanza española. Algunos de los ejemplos más actuales son, por ejemplo, la Remodelación de la Plaza de España y la iniciativa de los Presupuestos Participativos municipales. En ambos casos se trata de procesos polémicos que probablemente demuestran muchos errores de planteamiento y de forma. Por ejemplo, están centrados principalmente en la participación individual y, pese a la dinamización digital y la difusión, no están generando el necesario proceso de apropiación colectiva. Conviene seguirlo de cerca, escuchando las críticas que son tan necesarias como siempre. Al mismo tiempo y a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, probablemente esas críticas tienen la posibilidad de ser tenidas en cuenta para que vayamos mejorando este renovado esfuerzo por hacer que la ciudad sea de todos y todas.

Referencias:

Wright, Erik Olin. Construyendo utopías reales. Madrid: Akal, 2014

Dahl, Robert. La democracia: Una guía para los ciudadanos. Madrid: Taurus, 1999

Genro, Tarso y De Souza, Ubiratan. El presupuesto participativo: la experiencia de Porto Alegre. Barcelona: Ediciones del Serbal, 2000

Créditos de las ilustraciones:

Fig. 01 y 03: Joel Vargas/PMPA. Presupuestos participativos. Asamblea. Región Humaitá, Porto Alegre, 2015

Fig. 02: La Puerta del Sol. Madrid, mayo de 2011. Fuente: www.movimiento15m.org

Fig. 04: Captura de pantalla de la web decide.madrid.es del Ayuntamiento de Madrid

Luis Rodríguez Calles es politólogo y máster en problemas sociales. Ha trabajado como activista en Amnistía Internacional y es un investigador entusiasta en políticas sociales y de desarrollo como sanidad, vivienda, seguridad alimentaria y soberanía energética.

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