El miércoles 17 de noviembre se celebró en el COAM la mesa de debate ‘Vivienda, un Derecho Humano‘, convocada por Amnistía Internacional. Tuvimos la suerte de ser invitados a este debate de máximo interés ante la urgencia de un cambio de modelo en el acceso a una vivienda digna en España.

Tras las presentaciones por parte de Amnistía Internacional y una breve intervención de José María Ezquiaga, decano del colegio de arquitectos de Madrid, la ponencia marco la realizó Jesús Leal, catedrático de sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Su actividad docente e investigadora durante muchos años se ha centrado en temas de sociología urbana y población y actualmente es uno de los mayores expertos en políticas de vivienda en España y Europa. Safira Cantos, de Amnistía Internacional Madrid, presentó la posición y actividad de la ONG en este tema. Tras esta intervención, representantes de algunos partidos políticos precisaron sus propuestas respecto a la vivienda, con especial atención al caso de Madrid. Desgraciadamente el representante de la Consejería de Vivienda de la Comunidad de Madrid y el representante del Partido Popular no asistieron. Maritza Saavedra, una persona que ha sufrido un desalojo y colabora actualmente con Amnistía Internacional, relató su experiencia particular. Es uno de los casos documentados en el informe Derechos desalojados. Derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios en España. Después se dio paso a un debate abierto en el que destacó la participación de activistas por el derecho a la vivienda de varias organizaciones y colectivos . Tras un turno de palabra final de los partidos políticos, el debate se cerró con el agradecimiento a los asistentes y al COAM por parte de Cecilia Denis, de Amnistía Internacional.

Queremos destacar algunas de las reflexiones de Jesús Leal, reveladoras si queremos comprender la situación de la vivienda en España. En su exposición, diferenció cuatro modelos en las políticas de vivienda europeas: el modelo socialdemócrata nórdico, el modelo corporativista centroeuropeo, el modelo liberal de Reino Unido e Irlanda y el modelo familiarista del sur de Europa. Además, precisó que en el caso nórdico, al evitar responder únicamente a la libertad de mercado y a la localización más barata de los desarrollos residenciales, las políticas han tenido en general un carácter universalista. En los casos centroeuropeo (Francia y Alemania) y anglosajón habló de residualización, con unas políticas basadas en ayudas monetarias para los que no pueden acceder a una vivienda a través del mercado. Respecto a los países del sur de Europa, Jesús Leal destaca la prioridad a la prestación de servicio frente a la ayuda a la persona, creando un parque de alquiler social que debiera ser asequible. Especial mención a España, ”muy confundida” y donde la realidad está marcada por el despilfarro, los desahucios, el retraso en la emancipación de los jóvenes, la segregación, el hacinamiento, la baja movilidad residencial y el desempleo por los picos y caídas del modelo cíclico.

La vivienda como una cuestión familiar, un tema casi privado que se aborda desde la promoción del empleo, es uno de los enfoques más contestados desde el activismo. Estamos inmersos en la confusión interesada entre el derecho a la vivienda y el ¿derecho? a comprar una vivienda. En este sentido son especialmente relevantes las formas de promoción (explicado por Jesús Leal a partir del trabajo de Sonia Arbaci, quien ha estudiado las políticas de vivienda como mecanismos estructurales de marginación) o las ayudas clientelistas que inciden en la compra y acaban beneficiando a clases medias-altas (el catedrático de sociología se refirió aquí a los datos aportados por María Teresa Sánchez).

En general, es evidente que en los países ‘más ricos’ predomina el alquiler mientras que en los países ‘más pobres’ predomina la propiedad. Pero en España la estafa de la burbuja inmobiliaria nos lleva a cifras disparatadas: en 2007 llegamos a 600.000 nuevas viviendas libres anuales mientras que las de protección oficial nunca superaron las 90.000 anuales. Ahora, cuando nos sobran las viviendas nuevas construidas y hay más de 3,4 millones vacías (el 30% del total europeo) se producen entre 80.000 y 100.000 desahucios en España, según exponía Jesús Leal. Pero se confunde con frecuencia desahucio (desalojo de los inquilinos de una vivienda) y ejecución hipotecaria (orden de venta de la vivienda por impago de la deuda de la hipoteca), según se apuntaba en una intervención. Cabe mencionar que en España es difícil obtener datos fiables en este ámbito y sufrimos el poco interés de los poderes públicos por conocer la cantidad de viviendas vacías en los diferentes distritos y barrios de las ciudades así como la oposición de grandes poderes privados a revelar esta información. Necesitamos primero conocer la realidad y luego la voluntad política para cambiarla.

Queremos dejar un espacio para hacer un comentario sobre segregación residencial. El sociólogo Daniel Sorando relaciona la escasa mezcla social con la falta de vivienda social. En el estudio comparado de 13 ciudades Europeas, Madrid es la segunda que más ha incrementado su segregación residencial entre 2001 y 2011… y la primera en el ránking de ciudades segregadas tanto de Europa como de las 11 ciudades que se han tomado como caso de estudio en España. Ya revelaron esta tendencia de construcción de una ciudad dual desde el Observatorio Metropolitano pero este estudio aporta muchos datos precisos de relativa actualidad. Como señala Daniel Sorando en esta noticia de El País, en 2001, directivos y desempleados estaban mezclados. Ahora cada vez hay menos posibilidades de que los dos estratos vivan en los mismos sitios. Los directivos se concentran en zonas con directivos y allí cada vez hay menos desempleados. Las clases profesionales ya no coinciden en los mismos barrios: la segregación está alcanzando cotas máximas. Tanto a escala regional como en la ciudad de Madrid, el sur y sureste concentran proporcionalmente más población de menor categoría profesional y con menos capacidad económica. Las políticas activas de vivienda, como se demuestra en ciudades como Ámsterdad, son una herramienta de cohesión y reducción de la desigualdad y la segregación.

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Como se recordaba desde Amnistía Internacional, las normas internacionales sobre derechos humanos (muchas incluyendo el derecho a la vivienda como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales) son jurídicamente vinculantes para todos los gobiernos y administraciones públicas. Ya sabemos que en España el artículo 47 de la Constitución es poco más que una bonita nota, pese a la jurisprudencia existente y a la legislación autonómica en algunos casos. Por estar incluido en la sección dedicada a los Principios Rectores de la Política Social y Económica el derecho a la vivienda no es un derecho justiciable, es decir, no es posible acceder por vía directa mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en caso de vulneración. La realidad es que en nuestro país la vivienda social apenas alcanza el 1,5% del total según el Ministerio de Fomento. Y no es sólo que no se cumplan las convenciones internacionales vinculantes sino que de hecho se ha producido en los últimos años un recorte del gasto público en vivienda justo cuando más falta hacía. Esto se acompaña de la infrautilización de recursos disponibles como los millones de viviendas vacías, la reducción del periodo de calificación de vivienda social por parte de muchas administraciones o directamente la venta de viviendas sociales a sociedades de inversión. Medidas regresivas injustificables tal y como denuncia Amnistía Internacional.

Nuestra intervención en el debate se limitó a comentar una alternativa a la vivienda en propiedad o en alquiler: la cesión de uso. Tal y como explicamos en este artículo, es un modelo antiespeculativo en el que los residentes son usuarios, no inquilinos ni propietarios. Como caso particular hablamos de Entrepatios, una cooperativa de vivienda de reciente creación en Madrid y tratamos de interpelar al respecto a los representantes políticos y a los diferentes expertos y activistas presentes.

Por último, desde Improvistos queremos reivindicar el urbanismo (sin adjetivos que no debería necesitar) y apropiarnos de la definición que proponen nuestros compañeros de Paisaje Transversal: un instrumento capaz de hacer ciudad en términos de igualdad.

Créditos de las imágenes:

fig.1: Improvistos. Mesa de debate ‘La vivienda. Un derecho humano’, 2015

fig.2: Distribución de países de Europa Occidental según tipo de tenencia de vivienda y renta per cápita, 1994 (Extraído del artículo de Sonia Arbaci: http://dx.doi.org/10.1080/14616710701650443)

fig.3: INE y elaboración del grupo investigador. Ricos y pobres; diferencias entre el norte y el sur de Madrid. (Extraído del artículo online de El País: http://elpais.com/elpais/2015/10/14/media/1444838463_647499.html)

Referencias utilizadas:

Arbaci, Sonia (2007) ‘Ethnic Segregation, Housing Systems and Welfare Regimes in Europe’, European Journal of Housing Policy, 7:4, 401 – 433  Consultado online en http://dx.doi.org/10.1080/1461671070165

SANCHEZ MARTINEZ, María Teresa: “Gasto público en vivienda. Incidencia redistributiva”.
Revista Valenciana de Economía y Hacienda nº 10/1 de 2004, (2004); pp161-186

Derechos desalojados. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España. Amnistía Internacional, 2015. Consultado online

Algunos libros de Jesús leal: El espacio colectivo en la ciudad, Para una nueva política de vivienda, La vivienda en Madrid, Comportamientos residenciales y necesidades de vivienda.

También conviene siempre recordar lo que dicen sobre vivienda los textos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales o la propia Constitución Española

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